Manifiesto del PSOE por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

El 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, una fecha establecida por Naciones Unidas en 1966 en memoria de la masacre de Sharpeville, donde 69 personas fueron asesinadas por el régimen del apartheid sudafricano mientras protestaban pacíficamente contra las leyes de pases, que discriminaban a la población negra restringiendo su libertad de movimiento y relegándola a una ciudadanía de segunda clase.

Este año, la jornada adquiere un significado especial al coincidir con el 60º aniversario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), el primer gran tratado de derechos humanos de la ONU. La Convención ha sido clave en la lucha contra el racismo, impulsando la adopción de leyes y políticas para construir sociedades más igualitarias.

Seis décadas después de la adopción de la Convención, la lucha contra la discriminación racial enfrenta graves amenazas que ponen en riesgo los avances logrados. Los discursos de extrema derecha ya no son fenómenos aislados, sino que forman parte de una tendencia global impulsada por la Internacional Ultra, una red de movimientos y partidos que comparten una agenda común basada en la exclusión, el autoritarismo y la negación de los derechos humanos fundamentales y que ha encontrado en las nuevas formas de comunicación, como las redes sociales, un canal eficaz para difundir sus mentiras y expandir el odio, amplificando su mensaje y alcanzando audiencias masivas, con un impacto profundo en la opinión pública y las políticas de muchos países. España no es ajena a esta tendencia global, con el añadido de que la entrada de la extrema derecha en las instituciones ha provocado que la derecha tradicional se haya sumado a la promoción de una narrativa que, de manera engañosa, vincula las migraciones con una serie de problemas sociales. Este discurso, que alimenta temores infundados sobre la “pérdida de identidad” o el “colapso del sistema de bienestar”, se apoya en estereotipos y prejuicios para fomentar la división social. 

La inmigración ha sido injustamente vinculada con la criminalidad, la sobrecarga de los servicios públicos e incluso la amenaza a la cohesión cultural, creando una imagen distorsionada no sólo de los migrantes, sino de todas las personasracializadas, como una carga para la sociedad. Esta estrategia no solo tiene fines políticos, sino que contribuye a la construcción de un “otro” peligroso, reforzando un clima de hostilidad y rechazo.  Este ataque a las personas migrantes forma parte de un patrón más amplio de discursos xenófobos que se utilizan para deslegitimar los derechos humanos y la convivencia plural. 

Lo que se presenta como un discurso de “seguridad” es en realidad una táctica para justificar la exclusión, perpetuar el racismo y alimentar la idea de que las personas racializadas son una amenaza inherente. Al tratarse de un fenómeno estructural, no basta con rechazar estas ideas desde una perspectiva moral o ética. Es necesario cuestionar cómo estos discursos se instalan en la política, los medios de comunicación y la sociedad, y cómo se utilizan para despojar a colectivos vulnerables de su dignidad y sus derechos.

En los últimos años, el gobierno progresista ha impulsado políticas concretas para combatir el racismo estructural y garantizar la igualdad de derechos. La aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación ha sido un paso decisivo, proporcionando herramientas para prevenir y sancionar la discriminación en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Además, se ha fortalecido el papel del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, dotándolo de mayor capacidad para actuar frente a situaciones de racismo y desigualdad. La reforma del Código Penal ha  supuesto otro avance fundamental al tipificar expresamente el antigitanismo como delito de odio, reconociendo una discriminación histórica que sigue afectando a miles de personas en nuestro país.

En ese marco, se han puesto en marcha medidas como la creación de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, que refuerza la respuesta legal ante estos delitos, y se ha aprobado el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027), que establece una hoja de ruta clara para abordar este desafío. Además, se han impulsado mecanismos para actuar contra la infradenuncia, con herramientas como el teléfono 021, destinado a la atención a víctimas de racismo, que ha sido reforzado en los últimos años para ampliar la cobertura territorial y horaria. La futura  creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato es otro paso importante  para garantizar el cumplimiento de la normativa y la erradicación del racismo estructural, alineándose con los compromisos internacionales y europeos en esta materia.Junto a todas estas medidas, se han desarrollado estrategias para combatir la discriminación en el acceso a la vivienda, el empleo y la educación, asegurando mecanismos de protección efectivos. Además, se han puesto en marcha campañas para detectar y denunciar los discursos de odio, así como instrumentos de monitoreo en ámbitos específicos, como el deportivo, con el fin de garantizar que estos espacios no se conviertan en caldo de cultivo para la intolerancia. El compromiso del gobierno ha sido claro: no basta con condenar el racismo, es necesario desmontar las estructuras que lo perpetúan y garantizar una sociedad en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Una sociedad libre de racismo no es solo una sociedad más justa, sino también más próspera, cohesionada y democrática. Cuando se eliminan las barreras impuestas por la discriminación, todas las personas pueden desarrollar su talento y contribuir plenamente al bienestar común. La diversidad no es una amenaza, sino una fuente de riqueza social, cultural y económica que fortalece el tejido de cualquier país.

Desde el PSOE seguimos defendiendo que la igualdad no es una cuestión de corrección política, sino un compromiso con los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia. Combatir la discriminación racial en todas sus formas no solo protege a quienes la sufren, sino que dignifica a toda la sociedad, evitando que el odio y la exclusión erosionen nuestra vida en común.